En El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, se ha convertido en el epicentro del encarcelamiento masivo. Desde su apertura en 2022, esta prisión ha sido diseñada para albergar a hasta 40,000 detenidos, muchos de ellos integrantes de pandillas salvadoreñas. Sin embargo, las condiciones de vida son extremadamente duras, y las violaciones a los derechos humanos han sido denunciadas por diversas organizaciones.
La historia reciente de El Salvador ha estado marcada por una lucha constante contra la criminalidad. Con una población de 6 millones, el país ha lidiado con algunas de las tasas de criminalidad más altas de América Latina. El presidente Nayib Bukele, quien asumió el cargo en 2019, prometió combatir la corrupción y la violencia. Desde marzo de 2022, su administración ha llevado a cabo una campaña de detenciones masivas, resultando en la captura de más de 70,000 personas en un corto periodo.
Condiciones de vida en el CECOT
La arquitectura del CECOT es impresionante y aterradora a la vez. Con ocho pabellones distribuidos en 165 hectáreas, cada par de ellos está protegido por muros de hasta 9 metros de altura y una cerca eléctrica que garantiza que nada ni nadie pueda escapar. Las visitas están prohibidas, y el contacto con el mundo exterior es prácticamente inexistente, ya que el servicio telefónico se bloquea en un radio de dos kilómetros.
La vida diaria de los detenidos es sombría. Cada uno tiene derecho a apenas medio metro cuadrado de espacio personal en celdas que albergan entre 80 y 150 personas. No hay ventanas, y los internos carecen de tiempo al aire libre, excepto por una breve hora de ejercicio semanal. Las condiciones de higiene son precarias; el agua potable se comparte entre los internos, y las celdas están equipadas con un par de inodoros y un espacio para el baño, pero sin agua corriente.
Los informes indican que las condiciones pueden ser letales: se han documentado muertes por desnutrición y falta de atención médica. Las tácticas de control son brutales; las sanciones por mal comportamiento incluyen privación de alimentos y aislamiento en celdas sin luz. Además, se han reportado casos de violencia física por parte del personal de la prisión.
En este contexto, el CECOT no solo alberga a salvadoreños, sino que se ha convertido en un destino para inmigrantes deportados, como los 250 venezolanos que llegaron bajo la administración de Donald Trump, invocando leyes antiguas que permiten la detención de extranjeros en tiempos de guerra. La situación plantea serias preguntas sobre las políticas migratorias y los derechos humanos en la región.
Mientras se continúa la discusión sobre el impacto de estas políticas en la sociedad salvadoreña, el CECOT representa un modelo extremo de encarcelamiento que pone en evidencia las tensiones entre la seguridad pública y los derechos humanos.