En 2022, durante la COP 15 de Biodiversidad, casi todos los países del mundo se comprometieron a frenar la destrucción de los ecosistemas. La meta 30 en 30 busca proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para el año 2030. Sin embargo, un reciente análisis realizado por The Guardian y Carbon Brief revela que más de la mitad de los países firmantes no están realmente comprometidos con este plan.
El acuerdo, conocido oficialmente como el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF), incluye otras metas importantes. Estas abarcan el control de especies invasoras, la reducción de subsidios perjudiciales para la biodiversidad y la recuperación de áreas degradadas. Debido a su amplitud, a menudo se le llama el “Acuerdo de París de la naturaleza”, en referencia a los compromisos climáticos establecidos en 2015.
Situación actual y compromisos incumplidos
De los 137 países que han presentado sus planes a la ONU, 70 (alrededor del 51%) no cumplen con el compromiso de proteger el 30% de su territorio.
Muchas de estas propuestas son vagas o sugieren porcentajes de protección mucho menores. A pesar de que la meta es global, los expertos insisten en que el foco debe estar en las regiones con mayor biodiversidad. Existen 17 países considerados “megadiversos”, que albergan el 70% de la biodiversidad mundial, pero siete de ellos, como Indonesia y México, no tienen planes para cumplir con el acuerdo.
Curiosamente, Brasil, el país más megadiverso, se encuentra entre los 60 países que ni siquiera han enviado sus planes para cumplir el GBF. Además, Estados Unidos, que ocupa el décimo lugar en biodiversidad, es el único país miembro de la ONU que no forma parte de la Convención sobre Diversidad Biológica, un tratado esencial desde 1992.
Según el informe de 2024 de Protected Planet, actualmente se protege el 17,6% de las aguas interiores y el 8,4% de las áreas marinas, cifras que, aunque están en aumento, aún están lejos de alcanzar la meta del 30%. La distribución de estas áreas protegidas también es desigual, y menos de una quinta parte de los activos naturales críticos están bajo protección.
La meta 30 en 30 exige que la delimitación de las áreas de protección sea equitativa y que respete los derechos de las comunidades locales e indígenas. Estas áreas deben ser efectivas y estratégicamente ubicadas en las zonas más importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.
Los resultados de esta situación no son sorprendentes. Históricamente, los gobiernos han tenido dificultades para cumplir con los acuerdos de biodiversidad de la ONU. Sin embargo, con el agravamiento de la crisis climática, la presión para que estas medidas sean efectivas es cada vez mayor.
Un estudio de 2014 reveló que la naturaleza proporciona más de 125 billones de dólares en servicios ecosistémicos cada año, que son esenciales para el bienestar humano. Esto incluye el suministro de agua potable, la estabilización del clima y la polinización de cultivos. Sin embargo, estas contribuciones no son contabilizadas en los mercados globales, a pesar de que la destrucción de la naturaleza implica pérdidas económicas significativas.
La pérdida de biodiversidad se considera uno de los principales riesgos para la próxima década, según el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial. La implementación de la medida 30 en 30 no solo es deseable, sino esencial para evitar la extinción de especies y preservar los servicios que la naturaleza ofrece.